Zerolo consideró en una nota que, con esta decisión, "nuestro máximo Tribunal señala con total claridad algo que los juristas sabían perfectamente: que los jueces encargados de los registros civiles no pueden interponer cuestiones de inconstitucionalidad, porque desarrollan funciones administrativas y no jurisdiccionales".

El dirigente socialista se preguntó "quién reparará ahora el daño y el retraso producido a las parejas homosexuales que han visto impedido su derecho a ejercer el matrimonio conforme a la ley vigente", y consideró que la decisión tomada por los jueces de Denia y Telde "fue una decisión política para impedir el libre ejercicio del derecho al matrimonio, algo que ha venido a dejar claro el Tribunal Constitucional al no admitir las cuestiones planteadas".

Zerolo criticó los apoyos explícitos que estos jueces recibieron del PP, "un partido que se ha empeñado en frenar este avance social, pero al que, como es habitual, no le han salido las cuentas, porque la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo se está desarrollando, para desesperación de la formación conservadora, con total normalidad y con el apoyo y la simpatía de la inmensa mayoría de la ciudadanía española".