A pocas horas de que concluya el plazo de presentación de enmiendas al Estatuto en el Congreso de los Diputados -a las 20.00 horas de hoy-, Zarrías indicó que ve "más cercano y posible el consenso" con estas fuerzas políticas, aunque admitió que "existen dificultades".

"Si el PA está dispuesto a retirar la exigencia de incluir el término nación en el texto, nos podemos sentar a hablar", explicó. "La financiación, el autogobierno y las competencias están en el texto al máximo de lo que permite la Constitución Española. En ese lenguaje vamos a coincidir sin inconvenientes", añadió.

En cuanto a los populares, Zarrías subrayó que desde el Gobierno andaluz se va a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo. "Es el momento de la generosidad, del rigor político y de la ambición autonómica. Tendemos la mano de nuevo al PP, porque queremos un Estatuto con el máximo consenso", apuntó.

Tras la presentación de enmiendas a la reforma del Estatuto por parte de los grupos parlamentarios, se reunirán -previsiblemente la próxima semana- la Comisión Constitucional y la ponencia mixta para su debate y posterior aprobación. Hasta ahora sólo IU ha sustanciado este trámite, ya que registró sus 40 enmiendas al texto el pasado mes de junio.

La proposición de reforma, que ya aprobó el Parlamento autonómico el pasado mes de mayo, seguirá en las Cortes Generales el mismo trámite que el Estatut de Cataluña. Así, el número de diputados de cada Cámara que participen en la Comisión Constitucional y en la Ponencia será de 39 y 11, respectivamente.

Al ser Andalucía una comunidad de las consideradas "históricas", que se rigen por el artículo 151.2 de la Constitución, todo el proceso de discusión de enmiendas ha de hacerse conjuntamente entre diputados del Congreso y la Asamblea proponente, en este caso el Parlamento andaluz.

Las enmiendas que registren los grupos deberán ser debatidas en la Comisión Constitucional, presidida por el socialista Alfonso Guerra, y la Ponencia creada en su seno hasta cerrar un dictamen, donde, en el plazo de dos meses, serán votadas por cada una de las dos delegaciones.

Así, la Comisión Constitucional del Congreso, que comenzará su trabajo previsiblemente la próxima semana, tendrá que dar participación a una delegación del Parlamento autonómico de igual número de diputados.

Sin embargo, se da la circunstancia de que este órgano de la Cámara Baja cuenta con 39 diputados, mientras que su equivalente en el Parlamento autonómico, la Comisión de Desarrollo Estatutario, dispone sólo de 20, por lo que habrá que decidir el número de la delegación de cada legislativo.

La solución previsible es que, para evitar recortes en la representación de algunos grupos, se opte por una comisión "paritaria" de 39 integrantes de cada Cámara. Este órgano tendrá la misión de constituir la Ponencia, que también estará compuesta por diputados de ambas instituciones en la mismo proporción. La cifra que se baraja es la de 11 diputados por Cámara.