A finales del pasado mayo la sala tercera de la Audiencia de Zaragoza revocaba la sentencia absolutoria que en su día dictó la jueza del Penal 2, Carmen Canfranc. El fallo de la Audiencia señalaba al encargado e la discoteca, Francisco Lacruz, como responsable y le condenaba a cinco días de arresto y al pago de 10 millones de pesetas por cada una de las 43 víctimas mortales del incendio. Como responsable civil subsidiario señalaba a Faustino Martínez, propietario de la discoteca, cuyos bienes están embargados desde la instrucción del caso.

Tras la reunión de ayer, el abogado de Faustino Martínez, el letrado José Antonio Ruiz Galbe, declaró que presentará el recurso por considerar injusta la decisión de la Adiencia, y ha indicado que "a pesar de que el Tribunal Constitucional tiene unos motivos muy limitados, entiendo que se vulnera el derecho de tulela judicial efectiva, que exige que las sentencias sean claras, congruentes y que no sean ni arbitrarias, ni lógicas, ni absurdas, ni desproporcionadas".

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es la única posibilidad que le queda, puesto que así se establece en el procedimiento abreviado, que es el seguido en esta causa.

El abogado del encrgado de la sala Flying, el letrado Enrique Laguna, seguirá la misma estrategia que Ruiz Galbe ante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, basándose fundamentalmente en que antes que el encargado hubo otras treinta personas que lograron salir de la discoteca incendiada y que tampoco avisaron del peligro a los que permanecían dentro.