Así lo manifestó esta mañana, en el transcurso de una reunión mantenida con el presidente de la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE), Luis Cañón, y de la presidenta de la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana, Amparo Minguet.

Cañón y Minguet informaron a Zaplana de que la falta de reconocimiento legal de esta lengua convierte al colectivo de personas sordas en un grupo desatendido, debido a las múltiples barreras de comunicación que, a diario, impiden su participación social en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.

En la Comunidad Valenciana hay unas 90.000 personas sordas, en tanto que el número de intérpretes de lengua de signos acreditados es de 36, y 15 los contratados en la Consejería de Bienestar Soial.

Sin embargo, Cañón incidió en que Valencia no cuenta con ningún intérprete en la enseñanza secundaria, lo que provoca que los niños con discapacidad auditiva tengan que marcharse a otras provincias para recibir una educación adecuada.

Zaplana señaló que su Gobierno trabajará para favorecer el acceso al empleo a las personas sordas y se comprometió a estudiar la posibilidad de que Valencia incorpore algún intérprete en las escuelas y en los institutos.

Según afirmaron a Servimedia fuente de la CNSE, el presidente valenciano mostró su sensibilización sobre el reconocimiento legal de la lengua de signos, la accesibilidad al empleo, la formación, y la educación de las personas sordas.

Ambas partes acordaron abrir lazos de comunicación entre Presidencia y las consejerías de Bienestar Social y de Economía y Empleo, de un lado, y la CNSE y la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana, de otro.

El Plan de Acción de la CNSE para el reconocimiento legal de la lengua de signos tienecomo acciones fundamentales la celebración de entrevistas y actos públicos con los responsables políticos de las distintas comunidades autónomas, para darles a conocer la situación de las personas sordas.

Hasta el momento, los representantes de la CNSE han sido recibidos por los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas de La Rioja, Navarra, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria, Extremadura, Cataluña y, ahora, Comunidad Valenciana.