Zaplana hizo estas manifestaciones ante el anuncio de que empresas como el Grupo Santander, BBVA, Banesto, Banco Urquijo, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa o Gas Natural han decidido dejar de financiar a partir del 1 de enero la asistencia médica de sus trabajadores, con lo que pasarían a ser atendidos por la sanidad pública.

Las empresas denuncian que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales les adeuda 100 millones de euros del peiodo 1999-2002.

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales apuntó que, hasta el año 99, esos pagos correspondían a su departamento, pero desde entonces, y una vez que se separaron las fuentes de financiación, Trabajo sólo se encarga de las prestaciones sociales, ya que el resto depende de Sanidad.

"Con los ingresos por cotizaciones solamente se pueden satisfacer prestaciones, y en ese ámbito el Ministerio lo sigue haciendo y no ha incumplido nunca ningún pago", sostuvo Zaplana.

Y en cuanto a l asistencia sanitaria, "eso corresponde a las comunidades autónomas", que son las que ahora tienen las competencias en esta materia. "Imagino que las empresas están ahora en fase de negociación con los gobiernos autonómicos", apuntó el ministro.

ECONOMIA SUMERGIDA

Zaplana también hizo referencia al incremento experimentado por la economía sumergida, según un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

En este punto, señaló que el Gobierno "está luchando de forma inequívoca" cntra la economía sumergida y los resultados son "francamente positivos", como lo demuestran, en su opinión, los "logros" obtenidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en el año 2002 destapó 60.000 situaciones de esta naturaleza y en los datos sobre 2003 se va ya por las 30.000.

Las estadísticas, sostuvo Zaplana, "son siempre un tanto aleatorias" y defendió que nadie tiene "más interés que el propio Gobierno en regularizar la economía sumergida, ya que eso supone más ingresos para el Etado".