En una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión de la Junta de Portavoces, Zaplana alertó de que "la calidad democrática ha decaído" con el Gobierno socialista, y preguntó si "se imaginan a altos militantes del PSOE siendo agredidos durante el gobierno del PP".

"¿Se imaginan un gobierno liberal del PP persiguiendo a jueces y al Defensor del Pueblo y a cualquier institución que no se someta?", preguntó el portavoz popular. "Eso no es calidad democrática".

Agregó que "la diferencia entre dictadura y democracia es que las dictaduras no están garantizadas, no digo que esto sea una dictadura, pero el terreno que estamos pisando es gravísimo".

Criticó, en este sentido, el "intento de sometimiento, incluso con cambios legislativos importantes, del CGPJ, sin preocuparse por dañar institución, por dañar los poderes Estado, que se pueda resentir el sistema democrático".

"Ahora se está haciendo lo mismo con el Defensor del Pueblo, que se ha atrevido a recurrir ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña", un recurso que "no estará poco fundamentado cuando ha sido admitido a trámite", por lo que debería "decaer cualquier tipo de polémica".

NO HAY MECANISMOS

A pesar de eso, agregó, "se presenta una reprobación que no está contemplada en la ley, desde el punto de vista parlamentario, y es votada a favor por todos los miembros de la Mesa salvo el PP", una iniciativa de la que no hay precedentes ni mecanismos, por lo que "no sabemos" cómo se articulará.

"Los que nos acusan de dañar las instituciones son los que permanentemente las están dañando, socavando su credibilidad", añadió, con lo que hacen un "flaco favor a las instituciones de nuestro sistema democrático".

En cuanto al informe de la Cámara para regular este procedimiento, dijo que "abre distintas posibilidades", y dice que "no hay procedimiento reglado para la tramitación de esa reprobación".

En su opinión, "el Ejecutivo sigue, con sus socios nacionalistas", con su estrategia de decir "pobre" el que no se ajuste a la dirección política que marca el Gobierno. "Al final, es hacer lo que el Gobierno cree que hay que hacer".