PP y Coalición Canaria votaron encontra de las citadas enmiendas, mientras que PSOE y CiU optaron por abstenerse, al entender que la norma del Ejecutivo precisa de importantes mejoras.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, quien presentó el texto a la Cámara, destacó el "excepcional proceso de creación de empleo" de los últimos años, con más de 3,8 millones de nuevos empleos, el 80% de ellos fijos, y defendió esta ley, "que lleva 10 años de intentos fallidos (de aprobación), como necesari para seguir avanzando en dicho proceso.

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales explicó las obligaciones que asume el parado para buscar activamente empleo, y los Servicios Públicos de Empleo (SPE) para marcarle un itinerario de inserción, con particular atención a los colectivos con más dificultades para incorporarse al mercado laboral, caso de mujeres, mayores o discapacitados.

Zaplana negó de plano que el proyecto de ley invada competencias de las comunidades autónomas y, a su juicio, hablarde una ley centralista, como dicen los grupos enmendantes -PNV, BNG, ERC y EA- es negar una "realidad incuestionable". "El Gobierno defiende una idea de España solidaria, en la que quepamos todos", les espetó.

A continuación, desglosó algunas materias que la Constitución fija como competencia exclusiva del Gobierno central: políticas de igualdad, legislación laboral, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, o el dictar las bases y la coordinación de la planificación general de laactividad económica.

La ley fija la creación de un Servicio Estatal de Empleo, que sustituya al INEM, y sea complementando en cada comunidad autónoma por servicios públicos regionales.

INVASION DE COMPETENCIAS

El portavoz de Empleo del PNV, Iñaki Txueka, denunció que el proyecto de ley "asimila y reduce las competencias autonómicas a una mera gestión de servicios", dictados por el Ejecutivo central, y sin posibilidad de ejecución por parte de los gobiernos autonómicos.

Txueka sacó a colacin la situación de la formación continua y denunció que la diferencia entre lo que han aportado los trabajadores vascos en los últimos cuatro años por este concepto y lo que han recibido arroja un déficit de 60 millones de euros.

Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Carlos Aymerich acusó al Gobierno de fijar por ley como competencias estatales materias que ya están transferidas a las comunidades autónomas en materia laboral.

Para Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, aunque el objetivo e crear más empleo es "loable", la ley introduce una "modificación de competencias" que ya tienen las CCAA y el Estado se "atribuye" las políticas activas de empleo, que son, en su opinión, asunto autonómico.

RECHAZO ENMIENDAS

El portavoz de Empleo del PP, José Eugenio Azpiroz, rechazó las enmiendas a la totalidad y defendió el proyecto de ley aprobado por el Gobierno en el sentido de que adapta la normativa de 1980 a la integración de España en la UE y al traspaso de las competencias de políticas ativas de empleo a las CCAA.

El portavoz popular aseguró que "en modo alguno" la ley invade alguna de las competencias de las comunidades autónomas. Además, mostró la disposición del PP a estudiar las propuestas y alternativas parciales que presenten los diversos grupos parlamentarios que sirvan para mejorar el proyecto de ley.

El responsable de Empleo del PSOE, Ramón Jáuregui, destacó que el texto viene "relativamente consensuado", con un visto bueno "generalizado" de los sindicatos y una aceptacón "resignada" por las comunidades autónomas.

No obstante, Jáuregui señaló al ministro que "cabe organizar la política de empleo con una mayor implicación de la comunidad autónoma", atendiendo a las particularidades que pueda tener cada región, "sin cuestionar la Constitución, ni la unidad de mercado, ni la solidaridad".

Salvando el tema competencial, Jáuregui afirmó que la ley "ni fu, ni fa" y, a su juicio, "no aporta prácticamente nada", salvo el cambio de nombre del INEM, y la identificación d problemas, como la falta de intermediación del INEM o la falta de interconexión informática, a los que no se aporta solución.

Carles Campuzano, portavoz de Empleo de CiU, explicó la abstención de su grupo por el "intenso" proceso de diálogo desarrollado, aunque apuntó que el texto "no satisface" las aspiraciones de CiU al no presentarse como una Ley Básica, lo que puede "impedir" cualquier desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas en materias de su competencia, caso de la planificacón económica fijada en el Estatuto de Cataluña.

El portavoz de Empleo de IU, Antero Ruiz, reconoció que la Ley de Empleo contiene "insuficiencias", pero destacó que incluya "en gran medida las aportaciones de las organizaciones sindicales", algo, a su juicio, de suma importancia, al igual que el hecho de que haya una "homogeneidad" nacional que "garantice la igualdad de derechos" en esta materia.