Estas fuentes admiten que Francia, un país centralista, sigue con "gran curiosidad" los cambios políticos en Cataluña, dado que esa autonomía es fronteriza con el departamento galo catalanoparlante del Rosellón. Los nacionalistas catalanes reivindican en su proyecto ese territorio, al que denominan 'Cataluña norte'.

Desde el Gobierno no se descarta que el presidente español quiera alejar de las prepocupaciones de De Villepin la posible imagen de "desintegración" de España que se haya podido forjar con las informaciones de prensa sobre el Estatuto Catalán.

Por lo que respecta al terrorismo, las fuentes consultadas admiten que éste también será un "tema clave" en el almuerzo del lunes. En el último año, la mayoría de las detenciones de etarras se han producido en suelo francés, en medio de informaciones y rumores sobre la posibilidad de un cese de la violencia.

El presidente del Gobierno tiene previsto explicar al primer ministro galo su "punto de vista" al respecto. recientemente declaró en rueda de prensa que "podemos estar ante el inicio del principio del fin" de ETA.

LA ENERGÍA COMO TELÓN DE FONDO La entrevista ha sido concertada por ambos de común acuerdo en vísperas del Consejo Europeo de Bruselas, los días 23 y 24 de marzo, en donde los 25 van a tomar importantes decisiones en materia de mercado energético y analizaran los movimientos accionariales en el sector.

Francia y España han adoptado en las últimas semanas decisiones tendentes a garantizar que operadores energéticos nacionales no caigan en manos de terceros, y es probable que quieran articular una estrategia de defensa común frente a los reproches del resto de socios comunitarios.

Así, el Consejo de Ministros del pasado 27 de febrero amplió las competencias de la Comisión nacional de la Energía (CNE) para dificultar la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa. El Gobierno galo, por su parte, va a acelerar la fusión de la pública Gaz de France y la privada Suez para cortar el paso a la italiana Enel hacia esta última. Bruselas ha dado al Gobierno español un plazo de diez días para que explique esas medidas. Se está a la espera de que la Comisión Europea arbitre un plazo similar al Ejecutivo de De Villepin.