Rodríguez Zapatero compareció en rueda de prensa junto al presidente de Panamá, Martín Torrijos, y valoró "muy positivamente" el ecuador de mandato de José Montilla como presidente de la Generalitat.

Su relación con el Gobierno central "es buena", aseguró, "siempre que asumamos, como yo asumo, que (Montilla) defiende los intereses de Cataluña, como hacen los otros presidentes autonómicos".

"Cuando se oye una exigencia o una reivindicación desde Cataluña parece que es más noticia que si se hace desde Asturias o desde Andalucía", comentó, pero todos los presidentes defienden los intereses de su territorio, y el deber del Ejecutivo central es defender los intereses generales.

El presidente expuso la tesis de que los acontecimientos de los últimos meses, también las rencillas, aunque de ellas no habló expresamente, se deben a que el actual es un periodo de "afirmacion de lo que representa el proyecto de autogobierno de Cataluña" y se está ejecutando en "un periodo muy corto de tiempo".

Parte de ello es el desarrollo del Estatuto, "para algunos irá lento pero hay que verlo con perspectiva", y también el nuevo modelo de financiación autonómica, del que espera que "dure muchos años".

Además, subrayó el esfuerzo del Gobierno para responder a demandas de Cataluña, como el refuerzo de su papel institucional y su proyección, a lo que obedeció el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, o las gestiones para la elección de esa ciudad como sede de la Unión por el Mediterráneo.

La inversión estatal en infraestructuras en Cataluña ha alcanzado niveles "nunca conocidos" en cumplimiento del Estatuto, hasta el 18% del PIB, subrayó el presidente, y gracias a ello esta comunidad tendrá "la red de alta velocidad más completa" y un aeropuerto "en el máximo nivel entre los más modernos de Europa y del mundo".

Muchas de las demandas de Cataluña están ahora "al alcance de la mano" y después de una tarea "transformadora" se comenzarán a comprobar los resultados, aseguró.

Además, el Gobierno mantiene su disposición a seguir respondiendo a los problemas más inmediatos de Cataluña, como los que afectan al sector industrial o de la automoción.