El Tribunal Constitucional envió previamente una carta al presidente del Gobierno quejándose de las declaraciones críticas del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sobre la sentencia que anuló la condena a "los albertos".

De la Vega dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno no tiene por costumbre hacer "valoraciones" sobre las "actuaciones o manifestaciones de los órganos constitucionales" o de "otros poderes del Estado".

Reconoció que Zapatero "ha dado respuesta" a la misiva del Constitucional expresando "el respeto absoluto y total del Gobierno respecto a las decisiones, actuaciones o manifestaciones del Alto Tribunal. Esos son los términos de la cuestión y es la posición que simpre ha mantenido y sigue manteniendo el Gobierno".

La número dos del Gobierno insistió en que la misiva es "personal" y está escrita en términos de respeto hacia el Alto Tribunal, por lo que "no hace falta hacerla pública. No hay que hacer pública ninguna carta".

Además, detalló que "la función del Gobierno es la de proteger y respetar la independencia, la autonomía y las decisiones de todos los órganos constitucionales y de todos los poderes del Estado".