En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rajoy retó al presidente a emprender las reformas necesarias y cambiar una política económica "que no lleva a ninguna parte más que al desastre".

Le acusó de formular "pronósticos que no se cumplen" y anuncios "que quedan en nada", y de haber reducido su política a gastar los recursos públicos, sin generar confianza ni avanzar hacia un crecimiento sostenible de la economía.

El presidente defendió su plan "ambicioso" contra la crisis y volvió a pedir "la suficiente paciencia" para evaluar sus resultados.

Negó las tesis de Rajoy y aseguró que en la legislatura pasada se emprendieron reformas en transportes, vivienda, competencia, telecomunicaciones y energía, y ahora se ha abordado la del sector servicios, que aporta el 70% del PIB y sobre la que el viernes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de la llamada "ley omnibus".

Se están tramitando además la reforma del régimen económico de los puertos, la ley concursal, la de fomento de alquiler y la nueva oficina judicial, y se trabaja en la Ley de Economía Sostenible, para todo lo cual el Gobierno espera contar con el máximo consenso del Parlamento.

Rajoy reclamó mayor austeridad, una reestructuración del sistema financiero, una reforma fiscal, una política educativa "de verdad", y una política energética "coherente" diferente al "espectáculo" que se está dando sobre el futuro de la central nuclear de Garoña, un asunto en el que el presidente tendrá que decidir "contra su palabra o contra el sentido común".

Acusó además al presidente de "marear la perdiz" con el Pacto de Toledo, de decir "una cosa y la contraria" sobre la reforma laboral y de acometer un gasto público que supone "un suicidio" a medio y largo plazo.

Rodríguez Zapatero contradijo las tesis de Rajoy al subrayar que el Gobierno ha acometido ya reformas fiscales, ha recortado el gasto en 2.500 millones de euros, el Parlamento trabaja en el Pacto de Toledo y varias reformas más se están tramitando.

Pidió por ello paciencia para evaluar los efectos de las medidas y que el debate económico se base en "hechos objetivos" y no en "simplezas", aportando "un poco de responsabilidad y credibilidad".