El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, leyó en la sesión de control al Gobierno una carta de petición de auxilio enviada por una familia española que llegó a Venezuela hace 57 años, cuya finca ha sido invadida y que se encuentra en "peligro inminente de muerte" por amenazas de un escuadrón paramilitar.

La legislación aprobada por el régimen de Hugo Chávez ha introducido la figura de la "finca abandonada", que permite la confiscación por el Estado de las así calificadas para entregarlas a otros productores.

En esa situación se encuentran, según García Escudero, unas 200 familias de españoles residentes en varios estados, todos ellos de los llanos del Orinoco.

En apenas un año, explicó, son más de 40.000 las hectáreas de tierra invadidas y muchos los españoles que han padecido secuestros, extorsiones, violaciones, incendios de sus viviendas, agresiones y amenazas permanentes.

Rodríguez Zapatero precisó que el Gobierno español no puede actuar directamente sobre una ley que Venezuela ha aprobado en el ámbito de su soberanía, pero desgranó las actuaciones emprendidas por las autoridades y la diplomacia españolas para defender los derechos de los españoles afectados.

Reconoció que en varios de los casos, las familias españolas pueden acreditar que la finca no está abandonada sino que, por razones objetivables, no pueden realizar las labores de explotación con normalidad.

Gracias a las gestiones emprendidas, aseguró, el Instituto Nacional de Tierras de Venezuela está analizando caso por caso cada uno de los que afectan a españoles.

De hecho, el presidente leyó una carta firmada por muchos de esos españoles y enviada al embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, en la que celebran las reuniones de trabajo con ese Instituto y aseguran que por fin pueden vislumbrar una solución.

García Escudero terminó criticando duramente la labor de Morodo y pidiendo "ceses inmediatos" en el servicio exterior, y se preguntó si en Rodríguez Zapatero pesa más la defensa de los españoles o su "química personal con el golpista" Hugo Chávez.

En respuesta a las críticas del portavoz popular, el presidente del Gobierno defendió la trayectoria y la profesionalidad de Morodo y juzgó "relativamente fácil" hacer un discurso que derive hacia valoraciones sobre una supuesta imagen exterior de España como "acomplejada" y que, "quizá, era el objetivo de la pregunta".

"Si hay algo que en el orden internacional se sabe, después de lo que hizo este Gobierno el primer día después de su toma de posesion, (retirada de tropas de Iraq), es que España ni tiene un Gobierno ni toma decisiones acomplejadas sino más bien lo contrario", concluyó el presidente.

Rodríguez Zapatero garantizó que será firme para lograr una solución satisfactoria que sea aceptada por los españoles afectados.

Al comienzo de su intervención, el presidente aseguró que, en Venezuela y en todo el mundo, el Gobierno defiende los derechos de los ciudadanos españoles y trabaja por extenderlos. Por ello se ha aprobado el Estatuto de los españoles en el mundo, con el que se pretende reforzar su posición jurídica y su acceso a prestaciones.

En el caso de Venezuela, donde residen 126.000 españoles, aseguró que el Gobierno es consciente de sus inquietudes y que por ello se ha reforzado el consulado general en Caracas y se responderá a la reivindicación de crear una nueva oficina consular. Además, se pondrá en marcha un segundo consulado general, en la ciudad de Valencia.