La décima reunión entre ambos, la primera de la presente legislatura y que duró dos horas y diez minutos, concluyó con un balance "positivo" para el presidente, según explicó él mismo en rueda de prensa.

En la lucha contra el terrorismo, dijo, es "evidente que las cosas han cambiado" y que a partir de hoy se pasa de una situación "de clara confrontación" la legislatura pasada a un clima de "entendimiento".

Preguntado expresamente sobre ello, expresó su opinión de que la reunión anticipa un clima político más sosegado, algo que por su parte será "inequívoco" y que espera igualmente del PP y del propio Rajoy.

Rodríguez Zapatero desgranó en primer lugar los acuerdos en materia de lucha contra el terrorismo, tras manifestar de nuevo su felicitación a las fuerzas de seguridad por la desarticulación del "comando Vizcaya" de ETA.

El entendimiento de los dos grandes partidos se sustenta en cinco grandes principios: unidad de los demócratas y voluntad de compartir la estrategia, apoyo a las víctimas, confianza en el Estado de Derecho y respaldo a las fuerzas de seguridad, declaración política solemne de que el único destino de ETA es desistir de la violencia porque "nunca jamás" esa violencia conseguirá un objetivo político, y cooperación internacional.

Precisó después que no prevé firma alguna de ningún pacto por escrito, lo que considera también muestra de la confianza con la que se ha trabajado en la reunión de hoy desde hace semanas gracias también a los portavoces parlamentarios.

REFORMAS CONCRETAS

Los dos acordaron incluir en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del terrorismo una disposición para que las administraciones adopten las medidas conducentes a la retirada de escudos, insignias o placas y también los nombres de calles y plazas "que exalten personal o colectivamente el terrorismo".

Gobierno y PP estudiarán también la legislación penal para mejorar la defensa de las víctimas y modificar por ejemplo las penas accesorias y las medidas aplicables a terroristas una vez que salgan de prisión para preservar que su patrimonio universal presente y futuro sirve para satisfacer las responsabiildades civiles.

De ese principio de acuerdo con el PP, el presidente informará la próxima semana a los portavoces parlamentarios de los partidos, a los que irá recibiendo en La Moncloa, "para que lo conozcan e invitarles a compartirlo".

Con todos ellos buscará el acuerdo, pero "desde la seguridad y tranquilidad que supone tener un acuerdo con el principal partido de la oposición".

Después de lo visto la legislatura pasada, el presidente juzgó "extraordinariamente importante" la materialización de esos acuerdos.

Ambos constataron también la "coincidencia clara" en que la consulta proyectada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, no se celebrará, porque así lo determinará el Tribunal Constitucional tras los recursos presentados por el Gobierno y el PP.

CGPJ Y TC, EN SEPTIEMBRE

También hubo acuerdos en materia de Justicia, sobre cuatro puntos, según el presidente: puesta en marcha de la oficina judicial en toda España, incorporación masiva de nuevas tecnologías, extensión de juicios rápidos penales y civiles incorporación a la ley de la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia.

Ambas partes abordarán también las vías para endurecer las penas por delitos sexuales y la creación de un registro de pederastas.

Hay acuerdo asimismo para materializar en septiembre la renovación del CGPJ y de los cuatro magistrados del TC que debe nombrar el Senado y la sustitución del fallecido García Calvo, a pesar de que no será hasta entonces cuando se hable de nombres.

El presidente asume que la sustitución de García Calvo corresponde al Congreso de los Diputados, donde el PP confía en poder sacar adelante su propuesta ya que ese magistrado fue también propuesto por este partido.

Ambos subrayaron que los nombres deben responder a la máxima profesionalidad y el presidente sugirió además que en las propuestas se busque el equilibrio entre hombres y mujeres.

Rodríguez Zapatero juzgó "muy buena noticia" esos acuerdosy, aunque en ellos no se incluye la descentralización de la Justicia defendida por el PSOE, eso no implica que ese asunto no se pueda negociar próximamente, precisó.