José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado a los periodistas que le acompañan en su visita a la capital leonesa que el Ejecutivo no pretende con su iniciativa "evaluar la historia", sino "extender derechos a todas las personas afectadas, algunas de las cuales no se pudieron a coger a las "numerosos" actos de reparación económica que se han realizado en los últimos 30 años de Período democrático.

Zapatero ha explicado que el proyecto no va a anular los consejos de guerra franquistas porque ese debate ya lo zanjaron el proceso de reforma política de no ruptura con el franquismo, y la Constitución, que reconoció la legalidad preconstitucional.

Cuando se le ha preguntado si eso será suplido por una declaración institucional del Congreso rehabilitando a los afectados por la jurisdicción especial franquista, no ha querido responder.

Lo que sí habrá es una "recomendación" para la retirada de los símbolos franquistas, tantro en las plazas de los pueblos, edificios oficiales e Iglesias. Pero no será una obligación.

"La filosofía (del proyecto)", ha explicado el presidente, "es que nadie sienta que un derecho que le pueda corresponder no es considerado por los poderes públicos y hay parte de ciudadanos que aún no han tenido reconocimiento público".

Lo que va a hacer ahora el Ejecutivo, insistió, crea un buen precedente democrático y no va a abrir heridas, sobre todo porque "la sociedad tiene absolutamente integrado lo que pasó (la guerra) y tiene absolutamente claro que no va a volver a pasar".

José Luis Rodríguez Zapatero cree que, al final, el PP se va a sumar a la propuesta. Puede que, inicialmente rechace un texto que, de momento sólo él y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega conocen, ironizó, pero si cuando gobierne no lo cambia, significará que ha aceptado una ley que es "de extensión de derechos" económicos y de rehabilitación, advirtió.