El jefe del Ejecutivo avanzó esta firma, que se producirá en Helsinki (Finlandia), en su respuesta al portavoz de ERC, Joan Puigcercós, que en la sesión de control al Gobierno le preguntó por las medidas que tiene previsto adoptar contra el fraude fiscal y la lucha contra la corrupción.

Rodríguez Zapatero recalcó que España, casi seis años después de que se abriera a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa, se va a sumar a los convenios penal y civil contra la corrupción.

"El primero de ellos, firmado por 43 Estados, es un instrumento ambicioso cuyo objetivo es alcanzar de manera coordinada entre todos los Estados de Europa la tipificación de un número enorme de conductas vinculadas a las prácticas de corrupción", explicó.

El segundo, prosiguió Rodríguez Zapatero, lleva la rúbrica de 37 Estados y "define por primera vez las reglas comunes a nivel internacional en el campo del derecho civil de la corrupción".

PRIORIDAD DE LA FISCALIA

Asimismo, indicó que se han creado varias delegaciones nuevas de la Fiscalía Anticorrupción en distintos lugares de la geografía, y que la Fiscalía General del Estado tiene "tres prioridades básicas": la violencia de género, la siniestralidad laboral y la lucha contra fraude y delincuencia organizada.

Zapatero citó otras iniciativas como el Código de Buen Gobierno de los Altos Cargos, y el proyecto de ley sobre conflicto de intereses del Gobierno y los altos cargos, que fortalece las medidas preventivas.

Mencionó también el decreto de impulso de la productividad, que incluye modificaciones de la ley de contratos de las administraciones públicas, para introducir más transparencia, y concluyó que se está trabajando "de manera avanzada" en un proyecto de ley de contrato del sector público para incrementar la publicidad en las concesiones.

Puigcercós respondió que los mencionados por el presidente eran algunos de los convenios que en los últimos años el Estado español no ratificó, y se felicitó de que sea una prioridad del Gobierno "acabar con cualquier duda y opacidad" en los contratos de las administraciones, para lo que propuso una oficina de lucha contra el fraude.

Asimismo, trasladó a Zapatero que los ciudadanos necesitan saber con más transparencia los mecanismos de financiación de los partidos políticos, por lo que es necesario abrir este debate, porque "ha habido demasiados casos que merecen una explicación".