En una conferencia pronunciada en los cursos de verano de El Escorial, Zabalza agregó que, en ese mismo periodo de tiempo, el gasto público se elevó del 17,5 al 46,3 por ciento del PIB y que "no cabe esperar una disminución significativa del mismo en el próximo futuro".

El corolario lógco de ambas apreciaciones, según Zabalza, es que los mayores recursos que necesite el Estado deben provenir de la lucha contra el fraude y de una mejor gestión del dinero que los españoles ponen en sus manos.

Además, es precisa "una rigurosa racionalización del gasto, que permita no sólo eliminar actuaciones públicas superfluas, sino también, elevar, para unos recursos dados, el rendimiento obtenido de los mismos en términos de cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos".

A su juicio, o sirve de nada proponerse reduciones de gasto público "sin abordar la corrección de los mecanismos e incentivos internos que determinan su ejecución", ya que incluso puede ocurrir que los resultados sean "contrarios a los inicialmente perseguidos".

Zabalza señaló que el Gobierno intentará romper ese círculo vicioso mediante una reforma legal que incluye la promulgación de una Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Esa reforma distinguirá entre la administraión general del Estado y las actividades de provisión de bienes y servicios a los ciudadanos, que se realizan en tres niveles: las agencias estatales, las empresas públicas y las sociedades estatales.

Además, incluirá la creación de un órgano central de supervisión del gasto que esté capacitado para exigir responsabilidades cuando los errores de los gestores del dinero público así lo requieran.

Zabalza expresó su confianza en que la puesta en marcha de este nuevo modelo administrativo permita queel sector público "sea capaz de mejorar sus prestaciones, y a la vez absorber un volumen relativo de recursos menor que el actual".