La comisión, que en principio estudiará la situación financiera del casino, tiene su origen en las últimas informaciones aparecidas en medios de comunicación que detallan las importantes deudas contraidas por la entidad y la existencia de "morosos", tanto en las salas de juego como en el servicio de hostelería, algunos de los cuales habrían entregado talones sin fondos a la dirección de la empresa.

Esta circunstancia ha llevado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núero 7 de Santander a abrir una investigación de oficio por si de este pago con talones, que no han podido ser cobrados, se desprendiese alguna responsabilidad penal.

Durante el pleno extraordinario celebrado hoy, el grupo municipal socialista desveló que sobre el edificio del Casino de Santander pesa una orden de embargo dictada en octubre de 1993 a favor del Banco Central Hispano, al que debe 136 millones de pesetas, así como otra diligencia de embargo por las deudas contraidas con la Agencia Tributaia de Cantabria.

Asimismo, los socialistas denunciaron en el pleno que la dirección del Casino de Santander realizó imposiciones en una sucursal del Banco Popular en Santander, conocida por el desfalco realizado por su director, con saldos superiores a 100 millones de pesetas, lo que, a juicio del PSOE, ha podido ser "una manera presunta de ocultar dinero negro".

Por su parte, en la tarde de ayer se reunió el Consejo de Administración de Casino de El Sardinero, presidido por el jefe del Ejecutivocántabro, Juan Hormaechea, quien desveló a los asistentes el nombre de las personas que han entregado talones sin fondos a la entidad.

La lectura de esta relación de nombres provocó, según las fuentes consultadas, que los dos miembros del Partido Popular que asistían a la reunión, los concejales Javier Domenech y Aurelio Montes (éste con un mandato de voto del alcalde de Santander, Manuel Huerta), abandonasen el encuentro.

Aunque la reunión del consejo contaba con un orden del día compuesto por sete puntos, entre los que se encontraban el estudio de un informe sobre la actuación judicial y la contratación de una póliza de responsabilidad civil (obligatoria en estas entidades), ninguno de estos asuntos fue tratado.

Según las fuentes consultadas, lo único que fue aprobado a instancias del presidente Juan Hormaechea fue la presentación de un querella contra el líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Angel Revilla, por unas declaraciones en que indicaba que el jefe del Ejecutivocántabro pretendía "tapar" a amigos suyos que eran "morosos" del Casino.