Lo hizo en su intervención ante el grupo parlamentario de Sumar, del que es presidenta, una parte de la cual dedicó a la adquisición por parte de STC del 9,9% de las acciones de Telefónica, lo que le convierte en su principal accionista.

Díaz partió de que “no hay ningún país serio en el mundo que permita que sus sectores estratégicos queden en manos de intereses extranjeros difícilmente compatibles con el interés general”, para defender la obligación del Gobierno de mantener la independencia de España de influencias contrarias a ese interés general, conservar el empleo de calidad en la empresa, “impulsar un crecimiento económico que sea sostenible” y “prestar servicios esenciales para la ciudadanía”.

“Esto es hablar de derechos fundamentales”, puntualizó la vicepresidenta, recordando que Telefónica es fundamental en el proceso de digitalización de miles de empresas españolas y que “maneja millones de datos” de ciudadanos y organizaciones del país.

Por todo ello, exigió que “la entrada de cualquier inversión extranjera en su capital se condicione” a estos tres supuestos: que no pueda formar parte de su consejo de administración, que no pueda ejercer su derecho de voto ni cederlo en la toma de decisiones de la empresa y que se limite a “mantener una inversión que sólo persiga obtener una rentabilidad económica”.

Colateralmente, Díaz también habló de la empresa siderúrgica catalana Celsa, cuyas deudas podrían obligar a entregarla a los bancos y fondos acreedores. En concreto, estableció que se ha de preservar su viabilidad, la integridad en el empleo y que mantenga su sede social en España.

En general, Díaz propugnó mejorar el ‘escudo antiopas’, que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) participe en el accionariado de empresas estratégicas y recuperar la acción de oro. Según dijo, “esto no le pasa a ningún país cercano” y “ha llegado el momento de que España resuelva sus problemas en el sector estratégico”.