Los menores amparados por la Xunta suscitan numerosos procedimientos judiciales, entre los que sobresalenexpedientes de privación de patria potestad, procesos incoados por malos tratos o expedientes para la constitución de la tutela coordinada, entre otros.

El acuerdo adoptado por la Xunta parte de constatar que corresponde a la comunidad autónoma la representación legal de los menores en procedimientos jurídicos, tanto en el aspecto civil como en el penal o laboral.

Por ello, el Gobierno de Manuel Fraga ha considerado necesario adoptar un acuerdo general que autorice a los letrados adscritos a la Aesoría General de la Xunta para que puedan actuar en nombre y representación del Gobierno gallego en los procedimientos de protección de menores, asistiendo a los delegados provinciales de la Consejería de Familia, Mujer y Juventud.