A través de un comunicado, la Consejería de Promoción del Empleo e Igualdad de Galicia reclamó “más diálogo en este proceso” y lamentó “la falta de rigurosidad y técnica jurídica para su aplicación”.

La Xunta se alineaba así con las reivindicaciones del Cermi Galicia y alertó de los “efectos negativos” que una medida de este calado tendría sobre la contratación y el mantenimiento de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

El Ejecutivo gallego recordó que la intención de la titular de Trabajo es eliminar las bonificaciones del 100% a los centros especiales de empleo por la contratación de personas con discapacidad, que suponen, por ley, más del 70% de sus plantillas. La medida afectaría también a la contratación de estos trabajadores en empresas comunes.

122 CENTROS EN GALICIA

A este respecto, se recuerda que la consejera gallega de Promoción del Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, solicitó la retirada de este anteproyecto en la última conferencia sectorial de empleo celebrada en Madrid, cuando el texto se dio a conocer a las comunidades. En la misma evidenció la posible colisión del nuevo marco jurídico propuesto con las competencias autonómicas de diseño de planes de empleo.

Galicia reclama que cualquier revisión de bonificaciones que afecte a la contratación de personas con discapacidad se haga en el marco del diálogo social. Reivindica, además, que, de realizarse modificaciones, se acompañen de un análisis justificativo de las medidas.

De salir adelante esta normativa, alerta el Gobierno gallego, sus efectos afectarían en especial a los 122 centros especiales de empleo con los que cuenta la comunidad y que dan empleo a más de 3.500 personas con discapacidad.