En un comunicado, la Xunta explicó que el objetivo de esta carta es establecer un contrato con los usuarios de estos centros que se convierta en un marco de referencia donde se reflejen, por un lado, los derechos de los usuarios y, por otro, los compromisos mínimos de calidad en la prestación de los servicios que asumen los centros residenciales para personas mayores de la red pública, apuntó Quintana.

Esta carta es una demostración más de los deseos de "convertir los asuntos sociales en un derecho de los ciudadanos y nunca en una cuestión de caridad paternalista por parte de la administración", dijo el vicepresidente de la Xunta.

La carta recoge los derechos de los usuarios, entre los que figuran el derecho de acceso a los centros, a recibir asistencia sin discriminación, a un trato digno, al secreto profesional de la historia clínica y a mantener relaciones interpersonales.

También se incluyen el derecho a conocer, en todo momento, el precio de los servicios, a tener acceso al libro de reclamaciones así como a los cuidados necesarios en caso de dependencia o invalidez.