La Xunta de Galicia deidió personarse en todas las causas que se abrieran por narcotráfico con implicados gallegos el 11 de julio de 1990, para responder a la sensibilización social en esta materia.

Al celebrarse todas las vistas en la Audiencia Nacional, en Madrid, y para evitar que los continuos desplazamientos causaran transtornos en el funcionamiento normal de los servicios jurídicos de la Xunta, el Gobierno de Manuel Fraga suscribió un contrato con el letrado Clemente González Peón, que anteriormente había ocupado el argo de director de Asesoría Jurídica General de la Administración autonómica.

El importe del contrato, por seis meses, y de cada una de las sucesivas prórrogas fue de tres millones de pesetas, según la respuesta de la Xunta al diputado del BNG, que acaba de ser publicada en el Boletín Oficial del Parlamento.

El precio del contrato, que se firmó en agosto del año 90 y se mantuvo sin interrupción, con prórrogas, hasta noviembre del 94, incluía los gastos de desplazamiento y cualquiera otro ocasiondo por el desempeño de la actividad contratada.

En el pasado mes de noviembre, la Xunta rescindió el contrato alegando que sus propios servicios jurídicos podían hacerse cargo de los trámites pendientes, como era la presentación del recurso de casación contra la sentencia del 'caso Nécora'. González Peón, sin embargo, achacó la ruptura al hecho de haber representado a expropiados afectados por la construcción de una carretera construida por el Gobierno gallego.

La Xunta rehusó finalmente presenta el recurso de casación que había elaborado González Peón, por considerar que sería desestimado y el Gobierno gallego tendría que hacer frente a cuantiosos gastos judiciales.