Estos dos aspectos también han sido muy criticados desde los colectivos sindicales. La Xunta se comprometió a no aplicar la movilidad laboral en 1995 y 1996.

El texto legal fue presentado por el consejero de la Presidencia de la Xunta, Dositeo Rodríguez, quien dejó patente la voluntad del Gobierno gallego de no aplicar la movilidad geográfica hasta el año 1997, iniciativa que los sindicatos han denunciado como un despido encubierto.

El Bloque Nacionalista Galgo defendió una enmienda en la que reclamó la devolución del texto por estimar que en un 80% es copia literal de la legislación estatal. El portavoz nacionalista, Alfredo Suárez Canal, manifestó que las restantes modificaciones tienen como objetivo la sumisión y ciega obediencia de los funcionarios, en lugar de perseguir su profesionalización.

Suárez Canal criticó al Gobierno central por encorsetar la función pública sin dejar apenas margen de maniobra a las autonomías. Criticó lo referente a la movildad geográfica de los funcionarios por estimar que supone abrir una puerta a la discrecionalidad y es "un despido encubierto".

También criticó con dureza un precepto referido a la realización de la evaluación anual de unidades administrativas, otorgando unas calificaciones que afectan a todos los funcionarios de la unidad y que pueden ser aplicadas a la hora de aplicar complemento de productividad, entre otras cosas.

A juicio de Suárez Canal, la calificación de los funcionarios dependerá de la caacidad de un cargo de libre designación que actúa como jefe y puede perjudicar a sus subordinados si es un incompetente. "Esto no estimular la profesionalización sino la sumisión, porque sólo así un funcionario puede aspirar a ocupar ese cargo, que debía ser ocupado en función de la profesionalidad y no por libre designación política", agregó.

El consejero de la Presidencia, Dositeo Rodríguez, afirmó que la libre designación de los responsables de unidades administrativas es una garantía, dado que pueen ser cesados con libertad si resultan incompetentes, algo que no se podría hacer en el caso de estar ocupada la plaza por un funcionario.

El PSdeG-PSOE no presentó enmienda de devolución, pero su portavoz, Antonio Carro, criticó el proyecto de ley de la Xunta, al apuntar que sólo aporta como cuestiones originales aspectos referidos a la incentivación de excedencias voluntarias y jubilaciones voluntarias.

El PSOE también defenderá una enmienda parcial en la que reclama la supresión del artículo ue regula la evaluación de las unidades administrativas.