El convenio asigna al Museo de Pontevedra la tarea de coordinar, supervisar y dirigir los trabajos, mientras la Xunta se compromete a aportar unos 150 millones de pesetas.

Durante el período de vigencia del acuerdo, hasta 1995, el objetivo es inventariar unos 30.000 objetos y elementos de arte que forman parte del patrimonio eclesiástico en Galicia.

Las autoridades e instituciones que han suscrito el convenio creen que la apertura de las fronteras de la CE supone una amenaza par las piezas artísticas. El convenio busca prevenir la expoliación o posible exportación ilegal de las obras.