CIG denuncia la lentitud de los servicios administrativos ante demandas de personas que se encuentran en una situación precaria y precisan urgente ayuda económica. Asegura que sólo obtuvieron ayudas de emergencia o salario social la mitad de las 5.140 personas que presentaron solicitudes el año pasado.

La Xunta aprob 1.301 ayudas puntuales para situaciones concretas de emergencia socias y concedió la renta de integración social de Galicia (RISGA) o salario social a 1.210 demandantes.

La CIG cree urgente reformar la ley que regula estas ayudas en aspectos como el tiempo de empadronamiento en Galicia de los solicitantes o el plazo medio para la resolución de las demandas.

El sindicato nacionalista denunció también que la Xunta haya contratado personal temporal para la gestión de las ayudas de emergencia y salaio social, que concluyen ahora contrato y que serán sustituidos por otros contratados temporales, de manera que la concesión de las prestaciones nunca está en manos de expertos en la materia.

La CIG estima que la gestión de este programa social con dos vertientes se puede gestionar perfectamente mediante el personal funcionario de la Xunta.