El portavoz autonómico explicó que el Gobierno gallego destinará a los emigrantes gallegos y sus descendientes en todo el mundo unos presupuestos de unos800 millones de pesetas en el año 95.

Amarelo afirmó que la Xunta respeta la legalidad en esta materia y desmintió declaraciones de diputados del grupo socialista en el Parlamento gallego, quienes manifestaron que algunos emigrantes podrían perder sus pensiones de ancianidad por las ayudas sociales concedidas desde la Xunta.

El responsable de Relaciones con las Comunidades Gallegas dijo que la Xunta respeta la incompatibilidad de ambas prestaciones sociales (aún considerando que deberían ser comptibles) y reclama a los beneficiarios de las ayudas del Gobierno gallego declaración escrita de no ser pensionistas.

Las ayudas de asistencia social de la Xunta van orientadas a personas de la tercera edad sin pensiones, pero sobre todo a personas afectadas por enfermedad, invalidez o situación de quiebra familiar, aspectos no protegidos por las pensiones de ancianidad.

Amarelo dijo que la Xunta concedió en el año 94 unas 800 ayudas de asistencia social, de las cuales 500 fueron para emigrantes rsidentes en Cuba. También resaltó que más del 80% de los emigrantes gallegos en Latinoamérica (que integran un colectivo de casi 600.000 personas) tienen más de 65 años.

En los últimos años, la Xunta ha destinado a acciones de respaldo a los residentes gallegos en el exterior (el concepto de emigración es competencia estatal) unos 2.000 millones de pesetas, pasando de partidas anuales de 60 millones a los casi 800 del año 95.

Amarelo rechazó la petición del grupo socialista para crear una comisió parlamentaria específica para cuestiones de emigración argumentando que el Ejecutivo es quien debe gestionar presupuestos, sometiéndose luego al control del legislativo, que dispone ya de los cauces adecuados para ello.