Según el portavoz de esta central, mayoritaria en la Administración pública gallega, Juan Carlos Ansia, "cada vehículo tiene un coste de 3.681.840 pesetas, y ello sin llegar a ser propiedad de la Administración. Todo un negocio".

Los 76 automóvies tienen como destino los servicios veterinarios de salud pública de la Xunta, dependientes de la Consejería de Sanidad.

El concurso público para el alquiler de los coches fue adjudicado a la empresa Autos Brea S.L., según informó hoy la CIG, que divulgó la resolución publicada el pasado día 16 en el Diario Oficial de Galicia.

La CIG denunció que esta contratación se ha hecho al margen de un reciente decreto aprobado por la Xunta para racionalizar el uso de su parque móvil, un decreto que nació omo respuesta a denuncias periodísticas sobre el empleo de coches públicos para fines privados por numerosos altos cargos.

REDUCCION DEL PARQUE MOVIL

Según la CIG, todos los propósitos anunciados por la Xunta en ese decreto, que hablaba de una reducción del parque móvil público en un 20 por ciento quedan ridiculizadas con la adjudicación del contrato para alquiler los 76 automóviles.

La CIG ha solicitado formalmente la anulación de este proceso de adjudicación, por ser realizado al margen de lanormativa vigente en la materia y por ser "un despilfarro para el erario público".

Según este sindicato nacionalista, la actuación del Gobierno gallego supone un engaño a la opinión pública, publicando normas legales para después ignorarlas.

La CIG apunta que los 76 coches serán empleados por el consejero de Sanidad, Xosé Manuel Romay Beccaría (también presidente provincial del PP en La Coruña), como material de apoyo para las elecciones municipales próximas.