La nueva ley inició su tramitación parlamentaria con el rechazo frontal del PSOE, el BloqueNacionalista Galego (BNG), Coalición Galega (CG) y Unidade Galega (UG) que consideran la ley excesivamente intervencionista.

El consejero de Pesca de la Xunta, Enrique López Veiga, defendió el texto asegurando que abre la posibilidad de que estas corporaciones de derecho público se conviertan en organizaciones de productores y encuentren encaje dentro de la política comunitaria de pesca.

López Veiga dijo que el marco impuesto por la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autónomico (Loapa) oblia al amntenimiento y la tutela administrativa de las cofradías de pescadores.

Por su parte, Santos Oujo de Coalición Galega afirmó que las cofradías van a quedar convertidas en malas oficinas de la propia Consellería, que a su juicio, les impide defender incluso debidamente los intereses de los cofrades.

Camilo Nogueira de UG definió la futura ley como propia del Antiguo Régimen para convertirse en "tentáculo de un clientelismo exacerbado. Está destinada a controlar y no a organizar el sector. Bunas parte de sus funciones podrían estar desempeñadas por los ayuntamientos democráticos y el resto por la actividad comercial libre", explicó.

El representante de BNG Francisco Trigo reclamó una ponencia conjunta en busca de un consenso para la organización global del sector marítimo y apuntó que las cofradías, compuestas por empresarios y trabajadores, nunca servirán para defender los intereses de los primeros.

Asimismo, Trigo dijo que la Xunta está creando un centenar de alcaldías del mar a suservicio.

Finalmente, el socialista José Antonio Ventoso manifestó que la ley "es intervencionista, confusa, contradictoria y de díficil encaje estatutario. Sólo busca potenciar el control administrativo de la Xunta y la intervención", y se preguntó por qué no se fijan las mismas tutelas para las Cámaras reginales o las Cámaras de Comercio.