Estas 150 personas de diferentes grupos (psicólogos, asistentes sociales o auxiliars de informática) concluyeron un contrato por tres años, adscritos a la campaña de gestión de la Renta de integración social de Galicia (RISGA) "y ahora vuelven a ser contratados a dedo, sin cumplirse la legislación vigente de acceso a la función pública".

Los sindicatos afirman que el convenio vigente de personal laboral hace obligatorio pasar una prueba y ser propuesto a través del INEM.

Entienden que la contratación directa realizada desde las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales y Famiia, Mujer y Juventud es una grave actuación de la Xunta, "que actúa al margen de los sistemas de contratación aprobados legalmente y que garantizan la objetividad, la igualdad de oportunidades y los criterios de mérito y capacidad".

Esta contratación a dedo supone una grave discriminación también para las 20.000 personas apuntadas en listas de espera para acceder a alguna sustitución, según los portavoces sindicales. Estas personas tuvieron que pagar tasas para acceder a esa lista.

Los sindicatoshan denunciado estos hechos mediante una carta directa al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y anunciaron hoy que presentarán la pertinente demanda judicial si no se anulan las contrataciones, se depuran responsabilidades y se recurre a las listas para cubrir esas 150 plazas temporales. Los trabajadores entienden que el actual sistema supone "la utilización de los sistemas de enchufismo, favores personales y nepotismo".