En una comparecencia parlamentaria realizada a petición del PSOE gallego, Orza Fernández aseguró que Galicia ha cumplido estrictamente lo objetivos marcados en esos acuerdos en los años 1992 y 1993, que sin embargo fueron incumplidos por el Gobierno del Estado y por al menos cinco comunidades autónomas: Cataluña, Baleares, Extremadura, Murcia y Valencia. Por esta razón, el consejero de Economía de la Xunta consideró preciso revisar los acuerdos.

José Antonio Orza también indicó que el incumplimiento del Gobierno central en el control de sus gastos motivó que Galicia recibiera en los dos últimos años 18.000 millones de pesetas menos de os previstos.

En opinión de Orza Fernández, las previsiones de 1991 no sirven en un contexto en el que la crisis económica afecta a los ingresos, "de manera que el objetivo de que el déficit no supere en 1996 el 0'94 del PIB parece excesivamente exigente".

Según el consejero de Economía de la Xunta, la revisión es necesaria pero debe hacerse con realismo y de manera que no se premie a las administraciones que no se mantuvieron dentro de los escenarios económicos acordados.

Por el BNG, Xosé Mnuel Beiras estimó que la Xunta está sacrificando inversiones y atensión social para hacer posible un ajuste contable, algo que consideró "una aberración absoluta". Orza aseguró que no se han sacrificado en absoluto fondos para educación, ni sanidad o servicios sociales, áreas en donde han crecido significativamente los fondos destinados.

También apuntó el líder nacionalista que la Xunta está haciendo desaparecer el déficit público a costa de privatizar servicios públicos elementales. También consider que el escenario económico de Maastricht está siendo revisado ya en toda Europa: "Ningún Estado cumple el acuerdo", dijo Beiras Torrado.

Santos Oujo Bello, por el PSdeG-PSOE, recalcó que el déficit público gallego en los dos pasados ejercicios está muy cerca de los límites acordados, de manera que según las interpretaciones menos optimistas Galicia también habría incumplido.