Para WWF/Adena, el real decreto que aprobó el Gobierno no respeta "el espíritu de la directiva" de la UE que traspone, ya que no reconoce "de manera clara y terminante los principales derechos y obligaciones, como la obligación del promotor de suministrar información detallada sobre el proyecto que pretenda realizar".

Según la organizació ecologista, tampoco recoge adecuadamente la obligación de la Administración de proporcionar toda la información de que disponga al promotor o el derecho de los ciudadanos a expresar su opinión y a que sus consultas sean tomadas en consideración en el procedimiento de autorización.

Además, indica que, en contra de los objetivos de la directiva comunitaria, reduce el número de proyectos que deben someterse a evaluación de impacto, al aumentar el volumen de extraciones, áridos, lodos, petróleo, kilovatis o residuos que una instalación tiene previsto generar para que esté obligada a someterse a este trámite.

Asimismo, WWF/Adena asegura que la normativa permite la ejecución de proyectos que pueden ocasionar impactos importantes en Lugares de Interés Comunitario.