La iniciativa de Vox pasa por rechazar la propuesta de reparto de estos menores impulsada por el Gobierno de España, cerrar los centros y repatriar a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen; tramitar “la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves”, además de “suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales”.

Asimismo, Monasterio abogó por trasladar desde todas las administraciones públicas el mensaje de que “cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación ni recibir ningún tipo de ayuda pública”.