Los portavoces del Grupo Municipal Vox, Javier Ortega Smith, y la portavoz del Grupo Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, han procedido a formalizar la demanda de recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 13 de septiembre de 2021, por el que se aprueba la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre y se modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018, y que en consecuencia se proceda a declarar la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza objeto de impugnación, por ser la misma, así como el procedimiento de aprobación de la misma contrarios a Derecho.

Vox denuncia que en la misma se recoge la aprobación de la Ordenanza mediante el apoyo de un “pretendido” Grupo Mixto, “contrario a la normativa municipal, cuyos integrantes deberían haber pasado a ser concejales no adscritos, afectando directamente a la modificación de la composición de las comisiones, participando en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad y permitiendo así la aprobación de la Ordenanza de Movilidad sostenible, con el consiguiente desestimiento de los recursos presentados contra su constitución por el Grupo Municipal Vox”.

Inciden también sobre la falta de suficiencia de la Memoria de Impacto Económico, dándose la circunstancia de que esta falta provocó en su momento la interposición de demanda por el Grupo Popular, e incumplimiento de la normativa y jurisprudencia aplicable.

En la demanda se presenta un informe pericial que pone de manifiesto que, al igual que en el análisis económico, "también resulta insuficiente la Memoria del Análisis de Impacto Normativo en el enfoque, factores influyentes y contaminantes, manifestando que la ciudad de Madrid destaca a nivel europeo por sus bajos niveles de material particulado fino, siendo de las pocas grandes capitales que cumple con los estrictos límites medios anuales".

Por último, se trata el informe pericial la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, Sala Quinta, del 13 de enero de 2022, que declara la imposibilidad de que las administraciones de los estados miembros de la Unión Europea puedan restringir el uso de vehículos homologados en función de su tipificación por eficiencia, siendo esta una jurisprudencia determinante ya que resulta ser precisamente la base de la Ordenanza de Movilidad.

Por todo ello, Vox solicita que el Tribunal determine la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza, aprobada por el equipo de gobierno municipal, con un alcalde a la cabeza que “ha traicionado a los madrileños, faltando a su palabra, compromiso electoral y Acuerdo de Investidura con Vox al aprobar, potenciar y ampliar el ‘Madrid Central’ de Carmena, y para mayor oprobio, mediante el apoyo de la izquierda radical de los ediles ‘carmenistas’ tránsfugas”.