La iniciativa de IU proponía la equiparación en la duración de la prestación social sustitutoria a la del servicio militar, así como el reconocimiento de la objeción sobrevenida (tras la incorporación a filas).

Además, aboga por el traspaso de competencias a las comunidades autónomas para gestionar la prestación del servicio socia y la eliminación de las facultades otorgadas al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia para reconocer a los objetores.

Joan Armet, diputado de IU que defendió la proposición de ley, manifestó que la iniciativa de su grupo está en sintonía con las demandas de gran parte de la población juvenil española, que, dijo, "cada vez está incorporando más a su cultura las ideas de la paz y la solidaridad".

Aseguró que de haber existido una ley "más progresista" a la actual, aprobada en 1984, "se habría evitado los actuales problemas suscitados con varios insumisos y desertores".

NO SUSTANCIALMENTE IGUALES

La representante del Grupo Socialista, Angustias Rodríguez Ortega, rechazó el planteamiento de fondo de la propuesta de IU, ya que aboga por un servicio social sustitutorio como una "alternativa" al servicio militar, lo que implica que cualquier persona pueda objetar sin tener que alegar razones de conciencia.

Además, considera que exigir una equiparación en el tiempo de prestación de ambosservicios no sería "razonable", porque ambos supuestos, precisó, "no son sustancialmente iguales".

Rodríguez Ortega sostuvo que la ley de objeción española es "más progresista" que el resto de las existentes en la Comunidad Europea y acusó a IU de querer "enfocar emocionalmente" la cuestión de la objeción, cuando argumenta el supuesto rechazo social a la ley asegurando que ya hay en España los "primeros presos por razones de conciencia".

El portavoz del PP Santiago López Valdivielso utilizó similres argumentos a los utilizados por los socialistas para explicar el voto desfavorable de su grupo a la toma en consideración de la proposición de IU.

Se preguntó por qué el resto de la oposición tacha de "insuficiente" la actual legislación cuando muy pocos jóvenes que han solicitado ser declarados objetores han sido rechazados como tales.

Además, consideró que la objeción sobrevenida no tendría sentido, ya que, en su opinión, los responsables del Ejército no podrían saber de antemano con qué núero de efectivos iban a contar en cada reemplazo.

SOSPECHOSO DE FRAUDE

José Antonio Souto, por el CDS, dijo que resulta difícil de comprender que el Gobierno considere patriótico el cumplimiento de la "mili" y antipatriótica y "sospechosa de fraude" la objeción de conciencia.

El diputado centrista recordó que hace diez años, cuando el PSOE estaba en la oposición, esta formación defendía un "claro reconocimiento" y con tintes progresistas del derecho a la objeción de conciencia.

El portavozde Eusko Alkartasuna, Joseba Azkárraga, manifestó que "la sensibilidad social demanda, no ya la reforma, sino la abolición del servicio militar y la prestación del servicio social".

"La actual ley", recalcó, "no respeta la libertad de conciencia de los ciudadanos porque mantiene la existencia de un tribunal (el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia) que se arroga el derecho de decidir quién puede ser objetor".

Los representantes del Partido Nacionalista Vasco, Eduardo Vallejo, y de CiU, Lluí Recoder, votaron a favor de la proposición de IU por considerar que ésta puede ser un buen cauce para reformar una legislación que no concuerda con el sentir mayoritario de amplias capas de la población.