Martínez Lázaro hace esta apreciación en una nota dirigida a la Comisión Permanente del CGPJ, que mañana jueves deberá estudiar el informe elaborado por el Servicio de Inspección del órgano, en el que se alerta de que en España hay 269.405 sentencias penales pendientes de ejecución.

A raíz de esta puntualización, Martínez Lázaro explica que el dato de estas 269.405 sentencias "no es exacto", porque el término pendiente de ejecución "implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo".

En estos casos, la ejecución permanece abierta "hasta que la pena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil", como es el caso de las multas a plazos, las retiradas del permiso de conducir o los pagos de las indemnizaciones, sanciones que sólo se saldan cuando el condenado abandona la cárcel.

Para ilustrar estas afirmaciones con datos, el vocal del Plan de Urgencia del CGPJ señaló que en 2006 los tribunales penales dictaron 622.000 sentencias, que dieron lugar a 343.431 procedimientos de ejecución, un dato positivo si se tiene en cuenta que las absoluciones no dan lugar a procesos ejecutorios y que en el caso de las resoluciones de apelación dan lugar a un único procedimiento.

Esta afirmación estaría reforzada por el dato que señala que los tribunales españoles que ejecutan sentencias resolvieron en el citado año 414.957 procedimientos de ejecución, es decir, 71.526 más de las que se registraron.

En 2007, se registraron 348.597 sentencias penales y se resolvieron 425.850, es decir, se ejecutaron 77.253 sentencias más de las que se registraron.

Para Martínez Lázaro, estos datos reflejan que "en los dos últimos años los jueces han resuelto muchas más sentencias ejecutorias de las que se ingresan y han descendido las ejecutorias en trámite".

Aún así, el vocal concede que los datos revelados por el informe del Servicio de Inspección del CGPJ pone de manifiesto "la necesidad de ampliar las planteillas y mejorar los procedimientos de gestión", algo que no se logrará "hasta que se produzca el completo desarrollo de la Oficina Judicial".

Por último, destaca que los planes de refuerzos en los juzgados que tramitán ejecutorias penales articulados por el propio CGPJ, así como por el Ministerio de Justicia, "en la mayoría han dado un buen resultado".