La titular de Vivienda, Beatriz Corredor, ratificó hoy su apuesta por el Pacto por la Vivienda, que calificó de "solución imaginativa", al tiempo que habló de la necesidad de trazar una "hoja de ruta" común con comunidades autónomas y ayuntamientos que culmine con el Pacto Estatal por la Vivienda.

El plan regional acordado hoy en el Cigarral del Santo Ángel, durante un acto al que asistieron decenas de representantes del sector de la construcción y de municipios de la comunidad autónoma, prevé la construcción de 50.000 nuevas viviendas en un plazo no superior a 2015.

Este nuevo tipo de Viviendas de Iniciativa Público- Privada (VIPP) serán construidas por iniciativa privada pero con una doble garantía por parte del Gobierno regional: que haya comprador desde el día del inicio de obra y garantía de financiación para su construcción.

A estas medidas, que incluye dicho pacto, hay que añadir un paquete de reformas legales que tendrán la finalidad de agilizar los procesos de gestión de suelo y que están dirigidas principalmente a facilitar la construcción de viviendas.

El prototipo de VIPP es una vivienda de 70 metros cuadrados útiles cuyo precio estará en el entorno de los 13.000 a 150.000 euros. El objetivo es dotar de vivienda a los 47.883 demandantes registrados actualmente, de los que el 74,4% son jóvenes.

El Pacto recoge los municipios de la región en los que existen actualmente 100 o más demandantes de vivienda, lo que supone el 88% de la demanda total.

La industria auxiliar también se beneficiará del Pacto, pues la comunidad autónoma exporta el 75% de las puertas que se fabrican en España, así como el 25% de la cerámica industrial nacional. Todas las nuevas viviendas deberán incorporar materiales manufacturados en la región.

Conseguir que los 47.883 demandantes de vivienda obtengan una "a precio asequible" y ayudar al sector de la construcción a afrontar la actual recesión, son los dos objetivos fundamentales del Plan, según dijo el presidente de la Junta, José María Barreda.

70 METROS POR 150.000 EUROS

Las características detalladas de este tipo de viviendas se fijarán por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, previa concertación en la Mesa del Pacto por la Vivienda. De forma indicativa, el prototipo de VIPP es una vivienda de unos 70 metros cuadrados útiles cuyo precio estará en el entorno de los 130.000 a 150.000 euros.

Estas viviendas son promovidas y construidas por promotores privados sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente para la construcción de viviendas con protección pública.

La Junta garantiza la venta y la financiación desde el momento de comenzar al construcción, siempre que se construyan en una localidad para la que existan inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda. Para ello, se compromete a realizar una labor de adjudicación a personas inscritas en este Registro, que se referirá al menos al 70% de las viviendas que se promuevan.

A través del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y con el apoyo de las entidades financieras, se abrirán nuevas líneas de préstamos convenidos, mediante acuerdos con las entidades financieras con implantación en la región, de forma que se garantice la disponibilidad de financiación para desarrollar las actuaciones previstas en el Pacto.

De igual modo, se creará una unidad de inspección y control de fraude, que desarrollará programas para verificar la correcta aplicación de las medidas establecidas en el Pacto.

El Pacto por la Vivienda ha sido firmado hoy, además de por la ministra y el presidente de la Junta, José María Barreda, por Jesús Bárcenas, presidente de la patronal castellano-manchega; José Luis Gil, secretario regional de CCOO, y Carlos Pedrosa, secretario regional de UGT.