Se cumple con ello lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto de 2002, regulador del Plan de Vivienda 2002-2005, según el cual la cuantía del precio básico a nivel naional será acordada en el mes de diciembre de cada uno de los años del Plan por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El precio básico a nivel nacional sirve como referencia para la fijación del precio máximo de venta de las viviendas protegidas del Plan. El citado Real Decreto establece que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla disponen de un margen de incremento de hasta el 56%, a partir del precio básico a nivel nacinal, para fijar los precios máximos de venta de las viviendas protegidas en sus respectivos ámbitos territoriales, incluso a nivel urbano e intraurbano.

Por encima de este margen, en aquellos municipios declarados como "singulares" por su especial problemática en cuanto a precios de las viviendas libres, caben incrementos de hasta un 40% más, y hasta un 80%, a efectos únicamente de la compra protegida de viviendas existentes en determinados municipios.

A partir de los precios máximos así determindos, quedan fijadas, a su vez, las cuantías máximas de los préstamos cualificados para financiar la promoción y adquisición de las viviendas protegidas de nueva construcción, así como las cuantías de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) y las de las subvenciones para los promotores de viviendas protegidas para arrendamiento.