Así se desprende de las declaraciones realizadas por el presidente y director general de la empresa tasadora, José de Pablo Méndez, en una rueda de prensa celebrada en Madrid, donde aseguró que la oferta inmobiliaria en 2004 "seguirá siendo importante" a pesar de la desaceleración en el ritmo constructor, ya que en 2003 la viviendas iniciadas registraron su máximo histórico con 700.000 unidades.

Además, vaticinó "con cautela" un encarecimiento e los pisos nuevos "en torno a los dos dígitos", lo que representa alzas en los cercanas al 10% y no supone grandes diferencias con las estimaciones realizadas por el Servicio de Estudios del BBVA, que sitúan el aumento en la horquilla del 6% y 10%. "Los precios crecerán más que el IPC y menos que en 2003", apostilló Méndez.

A este respecto, consideró que el alto nivel alcanzado en el valor de mercado de los inmuebles "aumentará el esfuerzo a soportar por las economías familiares para la adquisición d vivienda", si bien explicó que una posible subida del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo "no tendrá graves repercusiones", siempre que el alza no sea superior al 1%.

NO HAY BURBUJA

Por lo que se refiere a la posibilidad de que exista una "burbuja inmobiliaria", el máximo responsable de la tasadora descartó con rotundidad que se esté produciendo un encarecimiento "ficticio" que no pueda ser soportado en un futuro por el mercado, ya que "en los principales núcleos urbanos es dífici que se produzca un descenso generalizado".

Según Méndez, factores como la historia y la conservación del patrimonio familiar, así como la "reducida" movilidad laboral en los territorios españoles, "hacen que la palabra 'burbuja' sea incorrecta para definir la situación actual", si bien admitió que en algunos sectores, como es el caso del turismo residencial, existe "una mayor inestabilidad" al depender de las economías de otros países.

Finalmente, denunció el "elevado" precio del suelo, que se h disparado hasta suponer la mitad del coste total del inmueble construido y pidió al Gobierno políticas que abaraten los terrenos para reducir el impacto de esta variable sobre el precio final de mercado, así como un mayor porcentaje de Vivienda de Protección Oficial (VPO) sobre el total de inmuebles edificados.

"Lo difícil es como se hace esto, hace falta menos discrecionalidad por parte de los ayuntamientos en sus planes urbanísticos, reducir la capacidad para interpretar las normas y evitar la negoiación en las propias corporaciones locales, lo que generaría una mayor transparencia en la transformación del suelo desde rustico a urbanizado", concluyó Méndez.