La Ley modifica la anterior para corregir las rigideces del mercado inmobiliario español, con el fin de aumentar la cantidad de suelo disponible y conseguir rducir los precios de las viviendas en España; respetando, en todo caso, las competencias urbanísticas de las comunidades autónomas.

Asimismo, pretende perfeccionar los metodos de valoración del suelo para evitar "sobreprecios" derivados de la especulación sobre su precio futuro, cuya presencia "no esté asegurada" y que puedan suponer un incremento no justificado del valor del suelo por encima del real.

En este sentido, la nueva norma explicita que se deberán deducir de la valoración de los terrens, a efecto expropiatorio, todos los gastos que conlleve la urbanización y que no se hayan efectuado.