La Ley modifica la anterior para corregir las rigideces del mercado inmobiliario español, con el fin de auentar la cantidad de suelo disponible y conseguir reducir los precios de las viviendas en España, respetando, en todo caso, las competencias urbanísticas de las comunidades autónomas.

Asimismo, pretende perfeccionar los metodos de valoración del suelo para evitar sobreprecios derivados de la especulación sobre su precio futuro, cuya presencia no esté asegurada y que puedan suponer un incremento no justificado del valor del suelo por encima del real.

En este sentido, la nueva norma explicita que s deberán deducir de la valoración de los terrenos, a efecto expropiatorio, todos los gastos que conlleve la urbanización y que no se hayan efectuado.