Para los letrados, esta medida supondría un ataque al derecho constitucional de la propiedad prvada, y, además, su eficacia sería "muy escasa", ya que se buscarían cesiones ficticias a familiares, de tal manera que formalmente estarían ocupadas, cuando en la práctica no es así.

Para los abogados, tanto las deducciones fiscales anunciadas por el Gobierno para los arrendadores como las ventajas fiscales para los arrendatarios son escasas. Además, critican muchos aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como que el arrendador no pueda disponer de la vivienda para que la ocupen sus hijosal tener que prorrogar el contrato de alquiler durante un mínimo de cinco años si así lo quiere el arrendatario.

También denuncian la lentitud y carestía de los desahucios por incumplimiento del arrendatario, incluso cuando es por falta de pago del alquiler, y los problemas para cobrar la deuda, por lo que proponen la creación de un fondo de garantía para estos casos.

Según los abogados, que señalan que con el denominado "decreto Boyer" aumentó el parque de viviendas en alquiler, mientras que conla nueva LAU ha bajado, todos estos problemas con el arrendamiento han provocado que muchos propietarios de viviendas no tengan ganas de volver a arrendar sus pisos y hayan transmitido esta percepción a sus familiares y amigos.

COMPRA DE VIVIENDA

Por lo que se refiere a la vivienda en alquiler, los abogados apuntan algunos remedios para poner fin a su elevado precio, que, a su juicio, obedece en gran parte al problema del suelo. En concreto, proponen que cuando una comunidad o ayuntamiento recalific el terreno, acometa una expropiación por interés público para evitar el "gran pelotazo" que se produce para los particulares.

También defienden una ley consensuada que obligue a los ayuntamientos a ofrecer a un precio limitado y tasado de antemano el porcentaje correspondiente de suelo urbano que puede existir en cada municipio. En el lado del comprador, piden más incentivos fiscales, como, por ejemplo, rebajar el IVA de la primera vivienda; e incrementar el impuesto para la segunda o sucesivas que aquiera una misma persona.