Aparicio, que hizo esta afirmación con motivo de su intervención en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, explicó posteriormente a Servimedia que estas pensiones se crearon bajo el supuesto de que las mujeres no estaban integradas en el mercado laboral. Eso significaba que, al enviudar, se quedaban sin su única fuente de ingresos.4

Sin embargo, esta situación se ha modificado, pesto que actualmente la tasa de actividad femenina, aunque alejada del 67 por ciento de los hombres, asciende ya al 34 por cien.

"Merece la pena reflexionar sobre esto como ejemplo de que la realidad social cambia frente al sentido menos dinámico del propio sistema de la Seguridad Social. Hoy la mujer puede acceder al mercado de trabajo, aunque no en la medida que fuera deseable o en igualdad de condiciones", añadió.

No obstante, aclaró que el Ejecutivo no tiene previsto proceder a ninguna reform de estas prestaciones, puesto que este asunto "no está en el Pacto de Toledo ni en ninguna prioridad del Gobierno".

Recordó que la reforma del Pacto de Toledo no se abordará hasta el año 2000 y que, en el supuesto de que se actuara sobre este problema, "antes se necesitaría el consenso político del Pacto".

El secretario de Estado señaló que otros países europeos ya han introducido correcciones en sus sistemas de pensiones de viudedad, para adaptarlos a la nueva realidad.

PENSIONES DE INVALIDEZ Aparicio sí que aseguró que el Ejecutivo actuará para evitar los supuestos en los que los perceptores de pensiones de invalidez estén trabajando y, por tanto, obteniendo otras rentas.

"El sentido básico de estas pensiones es que sean rentas sustitutivas de las que no se pueden obtener a través del trabajo, pero no pueden complementarlas", dijo.

Según sus cálculos, 50.000 personas son beneficiarias de la incapacidad laboral permanente al tiempo que están cotizando por la realización de un traajo remunerado.

"Aquí sí que están en marcha cambios para adecuar esta situación al punto de partida original", enfatizó. Recordó que tanto el Pacto de Toledo como los acuerdos firmados con los sindicatos legitiman al Gobierno a actuar.