El fiscal pidió para el joven ocho meses de cárcel, mienras que su abogado defensor, que apeló a resoluciones de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo, solicitó la libre absolución.

El ministerio público considera que Fierro no reúne los requisitos establecidos por la ley para ser declarado objetor, al tiempo que restó valor a la decisión de Amnistía Internacional, que el 24 de septiembre de 1988 le declaró preso de conciencia.

La defensa, que corrió a cargo del letrado Rafael Sanz de Rozas, del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), recordó agunas resoluciones de los organismos internacionales, que han reconocido que objetar es un derecho fundamental.

Durante la vista, el acusado reafirmó su intención de incorporarse al cuartel cuando termine el juicio. A la vista asistieron representantes de Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego y Esquerda Galega.

José Manuel Fierro, nacido en León, decidió objetar cuando cumplía el servicio militar, por lo que abandonó el cuartel de Loyola (Guipúzcoa), donde estaba destinado. Defensa le declaó entonces desertor y pasó cinco meses en la cárcel, ya que la Ley de Objeción de Conciencia prohíbe expresamente objetar estando en filas.

El caso de Fierro es distinto al de Josep Moragriega, Carlos Hinojosa y Antonio Molina, los tres primeros jóvenes que, tras serles negada la condición de objetores, fueron juzgados por negarse a cumplir la "mili", antes de incorporarse a filas.