La fiscal del caso, María Dolores Márquez, ha mantenido la petición de una pena de siete años de prisión mayor y multa de un millón de pesetas por un delito de colaboración con banda armada.

Márquez afirmó que en el momento de la conversación Gorostiza no era el abogado del preso de ETA Ignacio de Juana Chaos, por lo que, según el reglamento penitenciario, si los directores de prisiones creen qe se está tramando alguna acción terrorista, les está permitido intervenir la conversación.

La fiscal insistió en que las cintas donde quedó grabada la conversación no fueron manipuladas, como aseguraron los peritos de la Guardia Civil, y además en ellas no se utilizaron en ningún momento términos judiciales, como afirmó Gorostiza para dar a entender que estaba actuando como letrado de De Juana Chaos.

PENA DE MUERTE

Por su parte, el abogado de la acción popular, Pedro Cerracín, dijo que en la cnversación de Gorostiza con De Juana se usaban términos similares al apoyo de la pena de muerte contra los directores penitenciarios.

Cerracín afirmó que ETA necesitaba mantener alta la moral de sus presos y esa fue la labor que en esos momentos estaba desarrollando Gorostiza con los reclusos etarras.

Pedro Cerracín, abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo, propuso al tribunal que imponga al letrado una pena de diez años de prisión mayor y una multa de un millón de pesetas por colaboracin con banda armada.

Para el abogado de la defensa, Kepa Landa, las grabaciones realizadas por el director de Alcalá Meco son ilegales, puesto que Gorostiza se entrevistaba con el preso en calidad de abogado, y dijo que las cintas fueron manipuladas, ya que había cortes en la voz de las personas que intervenían en la conversación.

Tras los informes presentados por las partes, Gorostiza matizó que él no es la persona cuya voz aparece en la cinta y mantuvo que cuando realiza visitas a sus clientes alas cárceles es sólo para hablar de sus casos judiciales en calidad de abogado.