A partir de ahora los diez procesados quedan a la espera de la resolución judicial que podría tardar en darse a conocer al menos diez días, según el plazo legal establecido.

Ocho de ellos se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión como presuntos responsables de un delito de imprudencia temeraria con rsultado de muerte. Por su parte, los dos médicos radiólogos podrían ser condenados a multas de 80.000 pesetas.

La empresa General Electric y el Insalud figuran como responsables civil y subsidiario, respectivamente. Se piden indemnizaciones por fallecido de hasta 50 millones de pesetas.

El ministerio fiscal ha retirado la acusación contra los médicos al entender que no pudieron advertir las lesiones, porque, según varios peritos médicos, no eran apreciables al menos hasta 15 días después de las rdiaciones.

Por otro lado, la directora del Hospital Clínico de Zaragoza, Rosario Jaquotot, no es la máxima responsable de la avería del acelerador de electrones del centro sanitario, según estima su abogado, Juan Monclús, quien afirma además que el hospital adoptó las medidas oportunas una vez que tuvo conocimiento del fallo.

Monclús puntualizó que el "artículo 74 del Reglamento de Instalaciones Nucleares del año 72 establece que es el jefe del Servicio de Protección Radiológica el que está obligdo a velar por el cumplimiento y la normativa sobre instalaciones nucleares,y, en caso contrario, se deberá noticiar por escrito a la dirección gerencial".

"Y estos escritos", añade el abogado Monclús, "no constan en las actuaciones porque no se han hecho nunca". Según este abogado, el técnico que repara la máquina es el que tiene que avisar al Servicio de Física o al Servicio de Mantenimiento. Asimismo, Monclús afirma que ha sido el Consejo de seguridad Nuclear quien ha obligado a sentar en el banquilo de los acusados de forma traidora a la directora del Clínico.

García Huici, defensor de las tres ATS y del supervisor del acelerador, manifestó que ninguno de sus clientes es responsable de lo ocurrido porque no están obligados a saber si la máquina sufre o no un avería, "nadie mejor que el técnico de General Electric puede saberlo".

Algunos de los familiares de las víctimas por el fallo del acelerador pierden las esperanzas de que en el juicio se esclarezca la culpabilidad, porque "aquí se veque no tiene la culpa nadie", relataba la hermana de una de las fallecidas.