En el juicio, celebrado en Cádiz, el fiscal rebajó la petición de penas para algunos de los acusados, aunque sigue manteniendo penas de prisión para todos ellos.

Para el que era capitán del Rainbow Warrior en la fecha, Daniel Rizzotti, el fiscal ha desestimado la acusación por lesiones, pasando la petición de cuatro a tres años por desobediencia y resistencia grave. También ha eliminado la petición por lesiones para el neozelandés Phillip Walter Lloyd, para quien ha solicitado dos años en total por resistencia grave.

Para Carlos Bravo, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace en el momento de los hechos, el fiscal ha rebajado su petición por lesiones de un año a catorce fines de semana de arresto, que se sumarían a dos años de cárcel por resistencia grave. Para los otros dos encausados ha mantenido las peticiones originales de nueve meses de prisión por desobediencia, tanto para la española María Teresa Ambrós como para el norteamericano Lawrence Martin.

Los activistas utilizaron su alegato final en el juicio para expresar su oposición a la guerra y reiteraron ante el juez su inocencia de los delitos que se les imputan.

"A pesar de la ligera rebaja de las penas, seguimos estando en total desacuerdo con los cargos y las penas solicitadas. En nuestra opinión, ha quedado claro que el fiscal no ha sido capaz de sustentar sus acusaciones", señaló Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, en un comunicado.

Añadió que "estamos tranquilos y creemos que nuestros activistas merecen la absolución". La sentencia se hará pública en los próximos días.