Según informó la Asociación Pablo Ibar – Juicio Justo, el abogado de Pablo Ibar contará con “apenas 20 minutos” para exponer los motivos por los que pide la celebración de un nuevo juicio ante “un juez imparcial y no como sucedió en el proceso anterior”, ya que Dennis Bailey, el magistrado que dirigió el proceso que acabó con la condena a cadena perpetua “vulneró derechos constitucionales del acusado”.

La novedad de esta convocatoria radica en que la visita no será presencial, como suele ser habitual en este tipo de procedimientos, sino que tendrá lugar por videoconferencia. Así pues, durante la apelación, a la que Pablo Ibar no asistirá, “los jueces podrán intervenir cuando lo deseen y, en consecuencia, interrumpir la exposición del letrado, ya sea para que aclare, precise o profundice en aspectos relacionados con sus argumentos que vaya esgrimiendo durante su exposición”; pudiendo hacer lo mismo con el fiscal que ha sido asignado al caso.

Joe Nascimento, que ya formó parte del equipo de juristas que defendió a Pablo Ibar en el proceso de 2019, sustentó su solicitud de repetición del juicio en “las numerosas irregularidades y decisiones de parcialidad en las que incurrió el juez Dennis Bailey”, a quien acusó de “vulnerar derechos constitucionales”, “abusar de su discrecionalidad” y “cometer graves errores jurídicos”.

En ese sentido, el letrado destacó que el Estado “se refirió de manera inadmisible al derecho que ampara al acusado a guardar silencio y dio a entender que aquel silencio de Pablo Ibar era una admisión de culpabilidad, lo cual constituye una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución”.

También entendió que “no actuó de forma imparcial cuando prohibió a la defensa interrogar a testigos clave para los intereses” de Pablo Ibar, o “cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas”.

En ese sentido, consideró que “los procedimientos puestos en práctica por los agentes que investigaron los hechos fueron innecesariamente sugerentes y condujeron al testigo a una probabilidad sustancial de identificación errónea”, y puso de manifiesto que “la introducción de esta prueba no fue inocua”.

Del mismo modo, argumentó que el juez “vulneró el derecho constitucional de Ibar a un proceso con todas las garantías y su derecho a la contradicción, al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward”.

También criticó la “conducta inapropiada” del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final “negó a Pablo Ibar su derecho constitucional a un juicio justo”, y subrayó que el juez volvió a “abusar de su discrecionalidad cuando desestimó la protesta” de aquél después de que el referido fiscal “pusiese fin a su informe con una declaración incendiaria”, al exhortar a los miembros del jurado que no permitiesen que “este hombre se salga con la suya; se libre de haber cometido un asesinato”.

Al término de la vista de apelación, se abrirá un periodo de deliberación entre los miembros del tribunal; una fase que se puede prolongar varios meses y no se descarta que el fallo tarde un año en conocerse. En el caso de que la apelación no prospere en esta instancia, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida.

La Asociación Pablo Ibar – Juicio Justo continúa trabajando en la recaudación de fondos que permitan costear la apelación, cuyo presupuesto asciende a 200.000 dólares (164.200 euros), para cuya recaudación ha abierto una campaña de ‘crowdfunding’.

Pablo Ibar permanece en la prisión de Okeechobee, en Florida, tras haber sido declarado culpable del triple crimen que acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario del chalet donde se perpetraron los delitos, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers.

Los tres fueron asesinados por dos individuos que irrumpieron en la vivienda. La secuencia de los hechos fue grabada por una cámara de vídeo situada en el salón de la casa, que, en un momento determinado, capta el rostro de un joven con rasgos latinos que la Policía identificó como Pablo Ibar. Sin embargo, en el último juicio celebrado entre 2018 y 2019 quedó acreditado, incluso por peritos de la acusación, que dicho vídeo no tenía la calidad de imagen suficiente para realizar ninguna identificación.