El sindicato sostiene que Gallego "tuvo suerte" de ser ingresado en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, ya que en aquellas fechas el centro sólo contaba con tres doctoras adscritas al servicio de Psiquiatría, que habían sido contratadas de forma temporal y carecían de la titulación en la especialidad.

Las doctoras emitieron cinco informes entre agosto d 1990 y abril de 1991 en los que consideraban al violador una persona que "no presenta síntomas psicopatológicos", que coopera en los talleres ocupacionales y en las actividades de tiempo libre y que "puede ser trasladado a un centro normal e incluso vivir en libertad".

USO advierte que los trabajadores del centro aseguran que Gallego tenía un comportamiento exquisito con los educadores, médicos y asistentes sociales, pero para el resto de los contratados no era más que "un psicópata peligroso".

demás, denuncia que cuando Gallego volvió a delinquir "sus informes médicos no han vuelto a estar localizados en el archivo general" del centro, donde se encuentran las fichas de todos los internos que han pasado por la institución.

La central sindical manifiesta que no comprende cómo personal no especializado puede emitir informes "en casos tan delicados" y responsabiliza a la dirección del psiquiátrico, que permitió esto "a sabiendas", además de exigir que "se depuren las responsabilidades en que pudan haber incurrido" los responsables del mismo.

Asimismo, insiste en que la puesta en libertad de presos peligrosos depende en muchos casos de "personal no cualificado" y recuerda que de los 100 internos con los que cuenta de forma habitual el centro sevillano, 47 lo están por delitos de homicido, asesinato y parricidio.