Los hechos ocurrieron en la sala de televisión de la prisión de Tarragona el 30 de abril de 1983, cuando el preso Manuel Ronco Ignacio, que acababa de ingresar en el centro penitenciario acusado de violación, recibió una paliza de otros reclusos, en un momento en que no había ningún funcionario vigilándoles.

La palia que recibió le provocó al preso acusado de violación una incapacidad laboral, de la que el Alto Tribunal considera que es responsable la Administración.

En este sentido, el Supremo resalta que Manuel Ronco permaneció "en el salón destinado a televisión, en unión a otros internos, sin vigilancia alguna".

Asimismo, el Alto Tribunal señala que la Administraicón debe encargarse de compaginar la "libertad e intimidad de los internos" con la "obligada vigilancia de los servicios penitenciarios", ya qe tiene encomendada la "atención de la salud y seguridad de los internos".

Por ello, el Supremo considera que existe relación directa entre la ausencia de vigilancia y la agresión al preso Manuel Ronco, por lo que condena a la Administración a pagarle la cantidad de 10 millones de pesetas.