Los servicios mínimos decretados por la Secretaría de Estado de Interior del Ministerio de Justicia van del 50 al 85 por ciento, dependiendo de los servicios.

En concreto, deberá trabajar los días de huelga el 85% del personal encargado de la seguridad en las centrales nucleares, pretroquímicas, refinerías y depósitos de combustible, así como en ls actividades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes y demás objetos valiosos o peligrosos (espcialmente explosivos) y en su transporte y distribución.

También serán del 85% los servicios mínimos en las fábricas de armas de fuego, en las de explosivos y en sus almacenamientos, y en los servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.

Los mínimos serán inferiores, del 50%, en el personal que presta servicios de seguridad en los transportes públicos puertos, aeropuertos y ferrocarriles), centros de telecomunicaciones, centros y sedes de medios de comunicación y en las actividades transformación, depósito, transporte y distribución de materias inflamables.

Asimismo, deberán trabajar el 50% de los empleados de seguridad de los bancos, cajas de ahorros, entidades de crédito y de todos aquellos otros establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad se haya impuesto con carácter obligatorio.

Los sindicatos considean que estos servicios mínimos vulneran el derecho de huelga de los trabajadores de este sector, y señalan que, con ellos, se considera más importante un vigilante en la puerta de un banco que un médico en unas urgencias hospitalarias.

Los paros convocados en el sector de la seguridad privada de todo el país, que emplea a unos 60.000 trabajadores, han sido promovidos por los sindicatos para protestar por la pretensión de las patronales del sector de eliminar el plus de peligrosidad de 19.000 pesetas mnsuales fijado en el convenio colectivo para los vigilantes y en contra de la legislación que regula el sector.

José Lemos, de UGT, explicó a Servimedia que las patronales del sector de seguridad privada están vendiendo el servicio de vigilante jurado más barato a las empresas, para lo cual están procediendo a eliminar el plus de peligrosidad de los vigilantes argumentando que al no llevar arma deben cobrar menos.